- El freno a la expansión del cemento da una tregua a parajes verdes y especies amenazadas
- Los ecologistas piden el rescate del suelo urbanizable sin edificar
- Iluminación donde no hay nadie
La locura del ladrillo
hizo que España fuera el país europeo que más suelo urbano fabricó
entre 2000 y 2006, según un reciente estudio de la Agencia Europea del
Medio Ambiente (EEA por sus siglas en inglés). Una serie de mediciones
tomadas por satélite han permitido concluir que acaparó en este periodo
el 24% del terreno que se urbanizó en la Unión Europea. Le siguen
Francia, con un 12% y Alemania, con un 9%. La crisis ha conseguido
frenar esta tendencia, para alivio de las tierras verdes y de cultivo y
algunas de las especies que viven en ellas. Pero ha dejado suelo
calificado como edificable para 35 o 40 años, a un ritmo medio bajo de
unas 150.000 viviendas anuales, según datos del Sistema de Información
Urbana, dependiente del Ministerio de Fomento. O sea, 709.577 hectáreas
rescatables para la naturaleza.
Esa gran bolsa urbanizable es la que los ecologistas quieren rescatar
aprovechando el parón del ladrillo. Es decir, volver a calificar como
suelo rústico aquel para el que no se prevea un uso inmediato. No será
fácil, hay dinero por medio, o la promesa de dinero futuro. “Ese suelo
ya clasificado tiene unos valores de mercado, que también se han
colocado junto a los activos tóxicos, y revertir esta situación
generaría una pérdida de valor muy notable”, explica Rafael Mata Olmo,
catedrático de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad
Autónoma de Madrid. Tampoco podría hacerse aludiendo simplemente a que
no hay expectativas de desarrollo o que tienen un gran valor ambiental,
añade. El proceso, lento, requeriría en muchos casos acudir a los
tribunales.
En la organización Seo BirdLife recuerdan sus intentos infructuosos
para comprar terrenos agrícolas en la zona de Alcalá de Henares (Madrid)
con la intención de recuperar al cernícalo primilla. Les fue imposible.
“Los propietarios no perdían la esperanza de que ese suelo fuera
recalificado y conseguir un mayor aprovechamiento”, explica Juan Carlos
Atienza. La organización conservacionista, muy activa judicialmente,
detecta ahora, sin embargo, “cierto interés judicial” por revisar los
suelos catalogados como urbanizables y volver a protegerlos. “Venimos
solicitando que se preserven y por lo general se concede”, dice Atienza.
La ONG también ha pedido a los partidos políticos que se incluya una
cláusula en la Ley del Suelo para que toda superficie urbanizable que no
se haya desarrollado en 10 años vuelva a su estado habitual.
“Nuestro estilo de vida asociado a un gran consumo está presionando
la tierra”, asegura Hans Bryninckx, director de la Agencia Europea del
Medio Ambiente. Pero más allá de la proporción de tierra que se cubre
con cemento hay otro efecto: las carreteras y otras infraestructuras
están erosionando progresivamente hábitats muy valiosos con grandes
consecuencias para las especies más amenazadas de Europa.
En el caso de España, las zonas urbanas han usurpado terrenos
principalmente agrícolas. Las más afectadas por la ocupación artificial
han sido Madrid, la costa mediterránea (Alicante, Valencia, Murcia,
Islas Baleares y especialmente Castellón), áreas estratégicas de
Zaragoza, zonas próximas a grandes núcleos, como Toledo, o ciudades que
partían con una ocupación muy baja, entre las que destacan Ourense o
Valladolid. Estos crecimientos, advertidos en un trabajo de Cristina
Zamorano realizado en 2012 para el extinto Observatorio de la
Sostenibilidad de España, se han confirmado en el mapa recientemente
trazado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Además de atentar contra especies amenazadas, la construcción desenfrenada ha invadido superficies inundables
(lechos de ríos o primeras líneas de playa) y se han agravado los
efectos de las catástrofes naturales como inundaciones o grandes
nevadas. “La Ley de Suelo de 1998, del PP, no especificaba claramente
que no se puede construir en zonas afectadas por riesgos naturales”,
apunta Jonathan Gómez Cantero, climatólogo experto en riesgos naturales.
“Ahora no hay municipio mediterráneo que no tenga un cauce construido y
eso aumenta enormemente la vulnerabilidad de las personas”, añade.
Un buen planeamiento urbanístico no evita por completo las
inundaciones, pero puede hacer que no sean catastróficas. Gómez Cantero
pone como ejemplo las últimas inundaciones en el Pirineo, donde hay
también riesgos de desprendimiento. “En Castro Urdiales (Cantabria), por
ejemplo, había una urbanización frente al mar que se promocionaba con
el eslogan ‘te salpicarán las olas’: me parece increíble”, se lamenta.
En 2004, España llegó a construir 600.000 viviendas, más que en
Alemania, Francia e Italia. “El crecimiento no tenía límites”, describe
Sebastián Grau, presidente de la Asociación Española de Técnicos
Urbanistas. Ahora el panorama es distinto. Los esfuerzos del sector se
concentran en la rehabilitación, en que las ciudades crezcan hacia
dentro. En junio, el Gobierno aprobó la Ley de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbana. En el preámbulo de la norma se
considera “muy difícil” que a corto o a medio plazo los sectores de la
construcción e inmobiliarios puedan seguir transformando suelos vírgenes
y construyendo vivienda nueva. Hay 723.043 viviendas vacías.
El gran reto es recuperar el entorno. Mientras los constructores se
atrincheran, guardando posiciones y esperando mejores años, ecologistas y
geógrafos reivindican la necesidad de proteger el excedente de suelo
urbanizable. “Es un terreno abonado para la construcción masiva, una
bomba latente”, contempla Luis Jiménez, exdirector del Observatorio de
Sostenibilidad de España. La vuelta al verde original es una misión
titánica. “Una vez que se ha puesto un ladrillo es casi imposible
quitarlo”, asevera Mario Rodríguez, de Greenpeace.
Iluminación donde no hay nadie
En tiempos en los que los Ayuntamientos no cuentan con plusvalías de
la construcción para mejorar los servicios que se prestan a los
ciudadanos toca racionalizar y reclasificar. La tendencia urbanística es
crear redes urbanas más tupidas donde los servicios sean más
económicos, recuperar centros históricos o ensanches y favorecer
políticas de alquiler.
En la Asociación Española de Técnicos Urbanistas hablan de una
paralización de los nuevos procesos de ocupación. “Hay miedo a hacer
comunidades de vecinos”, dice Sebastián Grau, su presidente.
Una macrourbanización con apenas una decena de residentes tendría
unas cuotas enormes, independientemente del miedo a los impagos. El
último informe del Defensor del Pueblo alerta de un incremento de las
quejas de ciudadanos que viven en urbanizaciones sin consolidar, en las
que no pasa el correo o no cuentan con los servicios más esenciales
porque no hay dinero ni población suficiente para contratarlos.
De 2000 a 2006, el suelo ocupado se incrementó en 30.000 hectáreas
por año, a un ritmo de 3,37 hectáreas por hora, según datos de un
estudio de 2012 del desaparecido Observatorio de la Sostenibilidad de
España. “Estamos pagando por ese modelo, pero todavía no hemos valorado
bien esa ocupación y sus consecuencias”, cree Luis Jiménez, exdirector
de este organismo. El caso de Seseña es uno de los más palpables.
Un estudio de la Universidad Complutense, realizado con datos de
2012, concluye que el gasto lumínico se ha duplicado en los últimos
cinco años. Donde resulta más caro es en los municipios de menos de
200.000 habitantes, que quisieron competir con las grandes ciudades,
donde resulta mucho más barato tener luz.
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