- El freno a la expansión del cemento da una tregua a parajes verdes y especies amenazadas
 - Los ecologistas piden el rescate del suelo urbanizable sin edificar
 - Iluminación donde no hay nadie
 
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La locura del ladrillo
 hizo que España fuera el país europeo que más suelo urbano fabricó 
entre 2000 y 2006, según un reciente estudio de la Agencia Europea del 
Medio Ambiente (EEA por sus siglas en inglés). Una serie de mediciones 
tomadas por satélite han permitido concluir que acaparó en este periodo 
el 24% del terreno que se urbanizó en la Unión Europea. Le siguen 
Francia, con un 12% y Alemania, con un 9%. La crisis ha conseguido 
frenar esta tendencia, para alivio de las tierras verdes y de cultivo y 
algunas de las especies que viven en ellas. Pero ha dejado suelo 
calificado como edificable para 35 o 40 años, a un ritmo medio bajo de 
unas 150.000 viviendas anuales, según datos del Sistema de Información 
Urbana, dependiente del Ministerio de Fomento. O sea, 709.577 hectáreas 
rescatables para la naturaleza.
Esa gran bolsa urbanizable es la que los ecologistas quieren rescatar
 aprovechando el parón del ladrillo. Es decir, volver a calificar como 
suelo rústico aquel para el que no se prevea un uso inmediato. No será 
fácil, hay dinero por medio, o la promesa de dinero futuro. “Ese suelo 
ya clasificado tiene unos valores de mercado, que también se han 
colocado junto a los activos tóxicos, y revertir esta situación 
generaría una pérdida de valor muy notable”, explica Rafael Mata Olmo, 
catedrático de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Tampoco podría hacerse aludiendo simplemente a que 
no hay expectativas de desarrollo o que tienen un gran valor ambiental, 
añade. El proceso, lento, requeriría en muchos casos acudir a los 
tribunales.
En la organización Seo BirdLife recuerdan sus intentos infructuosos 
para comprar terrenos agrícolas en la zona de Alcalá de Henares (Madrid)
 con la intención de recuperar al cernícalo primilla. Les fue imposible.
 “Los propietarios no perdían la esperanza de que ese suelo fuera 
recalificado y conseguir un mayor aprovechamiento”, explica Juan Carlos 
Atienza. La organización conservacionista, muy activa judicialmente, 
detecta ahora, sin embargo, “cierto interés judicial” por revisar los 
suelos catalogados como urbanizables y volver a protegerlos. “Venimos 
solicitando que se preserven y por lo general se concede”, dice Atienza.
 La ONG también ha pedido a los partidos políticos que se incluya una 
cláusula en la Ley del Suelo para que toda superficie urbanizable que no
 se haya desarrollado en 10 años vuelva a su estado habitual.
“Nuestro estilo de vida asociado a un gran consumo está presionando 
la tierra”, asegura Hans Bryninckx, director de la Agencia Europea del 
Medio Ambiente. Pero más allá de la proporción de tierra que se cubre 
con cemento hay otro efecto: las carreteras y otras infraestructuras 
están erosionando progresivamente hábitats muy valiosos con grandes 
consecuencias para las especies más amenazadas de Europa.
En el caso de España, las zonas urbanas han usurpado terrenos 
principalmente agrícolas. Las más afectadas por la ocupación artificial 
han sido Madrid, la costa mediterránea (Alicante, Valencia, Murcia, 
Islas Baleares y especialmente Castellón), áreas estratégicas de 
Zaragoza, zonas próximas a grandes núcleos, como Toledo, o ciudades que 
partían con una ocupación muy baja, entre las que destacan Ourense o 
Valladolid. Estos crecimientos, advertidos en un trabajo de Cristina 
Zamorano realizado en 2012 para el extinto Observatorio de la 
Sostenibilidad de España, se han confirmado en el mapa recientemente 
trazado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Además de atentar contra especies amenazadas, la construcción desenfrenada ha invadido superficies inundables
 (lechos de ríos o primeras líneas de playa) y se han agravado los 
efectos de las catástrofes naturales como inundaciones o grandes 
nevadas. “La Ley de Suelo de 1998, del PP, no especificaba claramente 
que no se puede construir en zonas afectadas por riesgos naturales”, 
apunta Jonathan Gómez Cantero, climatólogo experto en riesgos naturales.
 “Ahora no hay municipio mediterráneo que no tenga un cauce construido y
 eso aumenta enormemente la vulnerabilidad de las personas”, añade.
Un buen planeamiento urbanístico no evita por completo las 
inundaciones, pero puede hacer que no sean catastróficas. Gómez Cantero 
pone como ejemplo las últimas inundaciones en el Pirineo, donde hay 
también riesgos de desprendimiento. “En Castro Urdiales (Cantabria), por
 ejemplo, había una urbanización frente al mar que se promocionaba con 
el eslogan ‘te salpicarán las olas’: me parece increíble”, se lamenta.
En 2004, España llegó a construir 600.000 viviendas, más que en 
Alemania, Francia e Italia. “El crecimiento no tenía límites”, describe 
Sebastián Grau, presidente de la Asociación Española de Técnicos 
Urbanistas. Ahora el panorama es distinto. Los esfuerzos del sector se 
concentran en la rehabilitación, en que las ciudades crezcan hacia 
dentro. En junio, el Gobierno aprobó la Ley de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbana. En el preámbulo de la norma se 
considera “muy difícil” que a corto o a medio plazo los sectores de la 
construcción e inmobiliarios puedan seguir transformando suelos vírgenes
 y construyendo vivienda nueva. Hay 723.043 viviendas vacías.
El gran reto es recuperar el entorno. Mientras los constructores se 
atrincheran, guardando posiciones y esperando mejores años, ecologistas y
 geógrafos reivindican la necesidad de proteger el excedente de suelo 
urbanizable. “Es un terreno abonado para la construcción masiva, una 
bomba latente”, contempla Luis Jiménez, exdirector del Observatorio de 
Sostenibilidad de España. La vuelta al verde original es una misión 
titánica. “Una vez que se ha puesto un ladrillo es casi imposible 
quitarlo”, asevera Mario Rodríguez, de Greenpeace.
Iluminación donde no hay nadie
En tiempos en los que los Ayuntamientos no cuentan con plusvalías de 
la construcción para mejorar los servicios que se prestan a los 
ciudadanos toca racionalizar y reclasificar. La tendencia urbanística es
 crear redes urbanas más tupidas donde los servicios sean más 
económicos, recuperar centros históricos o ensanches y favorecer 
políticas de alquiler.
En la Asociación Española de Técnicos Urbanistas hablan de una 
paralización de los nuevos procesos de ocupación. “Hay miedo a hacer 
comunidades de vecinos”, dice Sebastián Grau, su presidente.
Una macrourbanización con apenas una decena de residentes tendría 
unas cuotas enormes, independientemente del miedo a los impagos. El 
último informe del Defensor del Pueblo alerta de un incremento de las 
quejas de ciudadanos que viven en urbanizaciones sin consolidar, en las 
que no pasa el correo o no cuentan con los servicios más esenciales 
porque no hay dinero ni población suficiente para contratarlos.
De 2000 a 2006, el suelo ocupado se incrementó en 30.000 hectáreas 
por año, a un ritmo de 3,37 hectáreas por hora, según datos de un 
estudio de 2012 del desaparecido Observatorio de la Sostenibilidad de 
España. “Estamos pagando por ese modelo, pero todavía no hemos valorado 
bien esa ocupación y sus consecuencias”, cree Luis Jiménez, exdirector 
de este organismo. El caso de Seseña es uno de los más palpables.
Un estudio de la Universidad Complutense, realizado con datos de 
2012, concluye que el gasto lumínico se ha duplicado en los últimos 
cinco años. Donde resulta más caro es en los municipios de menos de 
200.000 habitantes, que quisieron competir con las grandes ciudades, 
donde resulta mucho más barato tener luz.

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